Introducción

La emergencia de un nuevo modo de desarrollo luego de la crisis neoliberal dio lugar a una serie de debates sobre su origen, sus características salientes, las continuidades y las rupturas con el orden social anterior, entre otros aspectos.

Más allá de los diferentes enfoques que abordan la caracterización general del modo de desarrollo post-neoliberal, una serie de trabajos intentan analizar qué ha ocurrido durante este período con el bloque en el poder, entendiendo por tal la articulación económica y política de diferentes sectores o fracciones de la clase dominante. En este artículo intentaremos elaborar algunos análisis sobre este eje específico del nuevo modo de desarrollo. Por un lado, consolidando una perspectiva que hemos venido desarrollando en trabajos previos sobre la emergencia en el marco de la crisis orgánica de un proyecto hegemónico que hemos nombrado “desarrollista” (López, 2015). Retomamos en el artículo los principales elementos para dar cuenta de un sector (el sector productivo) que logró transformar su posición en hegemónica al interior del bloque en el poder por un tiempo considerable (al menos entre 2002-2008). Por otro lado, analizamos el proceso por el cual llegamos desde el desgate de la hegemonía desarrollista a su crisis, a través del estudio del rol que han desempeñado los cambios en las posiciones políticas y las estrategias discursivas de los diferentes sectores de la clase dominante en pos de lograr reconducir esa crisis hacia una nueva estabilización hegemónica luego de 2011.

La metodología utilizada para el estudio es el análisis crítico del discurso, que permite analizar los cambios en las posiciones políticas y las demandas económicas de las diferentes fracciones de la clase dominante de manera dialógica (Fairclough, 2001).

El trabajo se estructura como sigue. En primer lugar, desarrollamos la discusión sobre la conformación de la hegemonía desarrollista, las posiciones y las ubicaciones de los diferentes sectores al interior del bloque en el poder. En particular, resaltaremos el rol protagónico de la Unión Industrial Argentina en este momento fundante. En el segundo apartado abordamos la agitada coyuntura de 2008 en el marco del llamado ‘conflicto con el campo’, durante la cual los actores del bloque en el poder comenzaron a reposicionarse, sentando las bases para una futura rearticulación. Por último, reconstruimos un proceso paulatino de emergencia de un nuevo bloque en el poder, el cual comenzó a tomar fuerza en 2011 y se fue desarrollando durante el último mandato de Cristina Fernández hasta institucionalizarse formalmente con la asunción de Mauricio Macri como presidente de la nación.

1. La hegemonía desarrollista, el bloque productivo y las fracciones desplazadas

Luego de la crisis orgánica de 1998-2001, comenzó a emerger en la Argentina un periodo de normalización política e institucional y de establecimiento de las bases de un nuevo “modelo económico” con orientación exportadora entre 2002 y 2007. Este periodo estuvo acompañado, además, por la constitución de una hegemonía desarrollista (López, 2015) impulsada por un sector dentro del bloque en el poder, conformado por la articulación de las diferentes fracciones productivas del capital (Cantamutto, 2015; Merino, 2015). Este “bloque productivo” se fue forjando desde los años de la crisis del neoliberalismo, en una oposición que pasó de latente a manifiesta a medida que la crisis orgánica tomaba mayor dimensión. Durante la recesión iniciada en 1998, una fracción de la clase dominante comienza, a través de sus entidades corporativas, a poner en cuestión la política macroeconómica del gobierno de Menem y, sobre todo, de la Alianza. Por lo tanto, estos sectores ligados a la producción de bienes ponían en tensión esa “comunidad de negocios” formada por los grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros desde fines de los ochenta y que fue sostenida durante el menemismo.

En el proceso de crisis existen al menos dos aspectos que muestran los límites de esa unidad política de la clase dominante argentina. En primer lugar, la recesión económica produjo la caída de la rentabilidad de todos los sectores de actividad dedicados a la producción de bienes. Ese ciclo recesivo, que comienza con mayor fuerza en 1998, se encontraba íntimamente ligado a la inestabilidad real y financiera que provocaba la apertura económica acelerada, que fue una marca registrada de los años neoliberales con fuertes procesos de transnacionalización de empresas (Gaggero, Schorr y Wainer, 2014). Esa situación de recesión profunda puso en cuestión lo que ya aparecía casi como un núcleo duro del sentido común neoliberal, sobre todo entre las clases dominantes: la acumulación y el desarrollo del capital productivo podría lograrse a través del decálogo de políticas conocido como Consenso de Washington, que iba a permitir las reformas pro-mercado necesarias para el nuevo mundo después de la Guerra Fría. Más allá de las diferencias existentes en el sector productivo, incluso dentro de las entidades empresariales como la Unión Industrial Argentina (UIA), los problemas de rentabilidad y supervivencia de este sector empresarial se hicieron evidentes debido a la caída de las ventas, la competencia del capital transnacional, el sobreendeudamiento externo y la apreciación cambiaria.

En segundo lugar, el desgaste en la hegemonía neoliberal durante el segundo mandato de Menem y el derrumbe posterior durante los años de la Alianza, terminaron de poner en cuestión las condiciones políticas de sostenimiento de un orden que permitiera la acumulación de capital de manera estable y la dirección política de la sociedad sin mayores sobresaltos. Aquí la resistencia de las clases subalternas a los avances del proyecto neoliberal que se expresó en algunos momentos con altos niveles de radicalidad política tuvo una capacidad destituyente de peso contra el avance cada vez mayor de la exclusión, la desigualdad y la pobreza que imponía el “modelo” neoliberal.

Ambas cuestiones de conjunto condicionaron la transición y la salida de la crisis hacia un orden social que debía tener al menos un punto nodal de articulación: el anti-neoliberalismo (López, 2015).

Es así que el proyecto de la fracción productiva de la clase dominante pivoteó centralmente sobre este punto nodal y logró configurar un bloque empresarial que se distanció de las posiciones políticas del bloque en el poder neoliberal conducido por las transnacionales productivas, los grandes actores del agronegocio y los grandes bancos que eran parte del “Grupo de los 8”. Este alejamiento se torna más evidente en 1999 con la conformación de lo que se llamó el “Grupo Productivo”, que articuló la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Confederaciones Rurales Argentinas. Estas entidades empresariales fueron, en buena medida, las que impulsaron los macrotemas centrales del ordenamiento discusivo poscrisis y, por lo tanto, los que lograron construir una hegemonía, entendida como una forma de dominación con consenso activo y siempre abierto a disputas, durante los años posteriores a la crisis.

Por supuesto que, dada la complejidad de las formas de representación, esta expresión, que aparecía en principio como político-corporativa, tuvo un salto hacia el momento hegemónico a través de la articulación con una fuerza política ligada a un sector del peronismo y a un sector del radicalismo (encabezados por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, respectivamente) que se dio en llamar Movimiento Productivo Argentino. Este espacio político-partidario operó para que el Grupo Productivo fuera el actor central que tramitara la transición. Por supuesto que, si la hegemonía es consenso y no mera coerción, en el bloque que describimos debían encontrarse adhesiones de alguna fracción de las clases subalternas. Son precisamente la CGT y el Movimiento de Trabajadores de la Argentina (el sector de la CGT disidente liderado por Hugo Moyano) las entidades representativas de ciertas fracciones subalternas que comienzan a acercar sus posiciones a las propuestas del Grupo Productivo y favorecen las posibilidades de una transición “industrialista” poscrisis.

Así, entendemos que más que una disputa que se ciñó a la discusión entre devaluadores y dolarizadores, que valoramos como un aspecto relevante en la definición del nuevo orden como plantean Castellani y Szkolnik (2011), lo que se forjó en la crisis fue un bloque social y político que tenía por proyecto de salida un ideario desarrollista en una ecuación relativamente simple: favorecer la rentabilidad de los sectores productivos, lo cual impulsa el empleo y permite aumentos de salarios, lo que conlleva tanto al aumento del consumo interno como de las capacidades exportadoras del país. Esta “cadena de equivalencias”, para usar un término de moda entre las teorías posfundacionales de la hegemonía, poseía una elevada efectividad de interpelación, debido a las condiciones de enunciación que mencionamos previamente^[1].

El esquema de equivalencias contaba así con significantes para nada vacíos sino más bien asociados a las raíces históricas de la industrialización argentina. Así lo explicó con claridad Adolfo Rodríguez Saá inmediatamente después de asumir en el año 2001 y al asistir a la CGT a plantear un discurso que activaba con claridad dos elementos propios de los “años dorados” del modo de desarrollo por sustitución de importaciones: el desarrollo industrial como motor del país y las mejoras para la clase obrera que este proceso de crecimiento industrial implica. Si bien el paso de Rodríguez Saá fue breve en extremo, tomó una decisión política de gran peso: decretar (lo que era una demanda clave del bloque productivo) el no pago de la deuda externa, puesto que, luego de varios años de endeudamiento externo, los sectores empresariales se encontraban en serios problemas ante el incremento de tasas de interés y la recesión que no permitía márgenes de rentabilidad positivos para pagar sus deudas.

Durante el gobierno de Duhalde, se implementaron a través del Estado el conjunto de políticas “productivas” que lograban el consenso para la transición, no sin una buena dosis de coerción hacia los sectores más radicales de las clases subalternas. Estas políticas, además del pago de la deuda, fueron la devaluación del peso y la pesificación asimétrica de depósitos y deudas, una reducción en las tasas de interés, una política fiscal expansiva con subsidios a la industria y a los servicios públicos privatizados, programas sociales masivos y la negociación de salarios a través del mecanismos institucionales. Incluso pensando el Estado desde un enfoque más bien instrumental, podemos agregar que dos referentes trascendentes de la UIA, como José De Mendiguren y Roberto Lavagna, un dirigente del sector industrial y un intelectual orgánico respectivamente, ocuparon cargos clave en la transición.

Si analizamos entonces la situación desde la crisis hasta la estabilización del nuevo orden, encontramos en el eje Grupo Productivo-Movimiento Productivo Argentino-CGT al bloque social y político que encabeza la transición hacia la poscrisis. De esta manera, establecen el nuevo conjunto de políticas macroeconómicas y los “núcleos básicos del sentido común” de la nueva etapa que se constituye en rechazo a varios “núcleos de sentido común” neoliberales (aunque no todos), retomando y reactivando en la nueva coyuntura una memoria ligada a una tríada que podemos nombrar como industria-trabajo-nación.

Este es el consenso que, según entendemos, se desarrolla durante el período 2003-2015 en relación con la fracción de la clase dominante que logra tener representación concreta en el Estado, es decir, conformarse en buena medida en una conducción ético-política (Gramsci, 1986). Por supuesto que el período más evidente en el que este consenso opera es en 2003-2007. En esos años, la mayor parte del empresariado local se encontró convencida de que las políticas adoptadas y el proyecto político que se llevaba a cabo durante el gobierno de Néstor Kirchner era el correcto^[2]. Este proyecto era, a decir de Porta, Santarcángelo y Schteingart (2017), un “proyecto político con objetivos económicos”, entre los cuales el impulso de la demanda agregada fue central desde 2003.

Sin embargo, como toda hegemonía está en disputa, más allá de las demandas subalternas hacia este nuevo ordenamiento hegemónico, un sector de la clase dominante que fue ganador en términos económicos (es decir, en cuanto a obtención de ganancias) gracias a la modificación de las políticas macroeconómicas, no se vio representado en el plano político-ideológico y, al mismo tiempo, fue excluido de la conducción política del Estado. Para simplificar, en este sector se ubican la Sociedad Rural Argentina y sus satélites; el sector de empresas de Comunicación y Multimedios; los grandes capitales transnacionales y las empresas de servicios públicos privatizadas. Estos sectores del empresariado, “desgarrados” según la interpretación que compartimos de Cantamutto (2015), de elevada concentración y con capacidad de operar globalmente, conformaron un bloque disidente en cuanto a los puntos nodales que marcaron la nueva hegemonía en la etapa abierta en 2002, pero a su vez fueron los capitales reguladores de cada una de las ramas de producción. Esto, que en términos economicistas parece una paradoja, creemos que es perfectamente posible de interpretar bajo el tipo de análisis que hacemos aquí. Es precisamente este sector, representado en la SRA y los grupos empresariales que conformaron la Asociación Empresaria Argentina en 2002, el que intenta socavar crecientemente la hegemonía política del bloque productivo al interior del bloque en el poder y que dio en la tecla, finalmente, constituyéndose en el actor corporativo que da sustento a una nueva experiencia política de la derecha argentina que logró acceder a la presidencia en diciembre de 2015.

En los años de estabilización del nuevo orden poscrisis, las posiciones discursivas de la AEA y la SRA continuaban dando crédito a la necesidad de una modernización de la economía a través de la inserción al mundo y la liberalización del comercio y las finanzas; del fomento de la actividad privada con una participación estatal limitada^[3]; con “flexibilidad de los mercados laborales” y “condiciones de estabilidad para la inversión que permitan crear empleo”^[4]; una política fiscal de austeridad; entre otros punto destacados. Es claro que esas posiciones se encontraban lejos de los puntos nodales que lograron finalmente articular una hegemonía discursiva en el marco de la crisis orgánica de 1998-2002. La escasa legitimidad de las posiciones de estos sectores empresariales los mantuvo marginados del bloque social que consolidó la hegemonía desarrollista hasta 2008. Sin embargo, desde ese mismo año, el empresariado desplazado de la dirección estatal comenzó a desarrollar una estrategia en dos planos. Por un lado, fue tensionando las bases de sustento de la hegemonía desarrollista a través de la exacerbación de un discurso republicano que deslegitimara a las “lógicas populistas”, que desplegaba la fuerza política de gobierno. Esta estrategia logró en cierta medida interpelar a sectores empresariales que, si bien habían formado parte del bloque productivo, comenzaban a mostrar cierta disconformidad con las formas de conducir la política pública por parte del gobierno^[5].

Por otro lado, este sector comenzó a construir, sin duda erráticamente, una alternativa político-partidaria que le permitiera expresar de manera más directa sus intereses corporativos y a su vez lograr que su proyecto sea visto como universal. Esta dinámica de conformación de un nuevo bloque que logró poner en tensión la hegemonía desarrollista tuvo sentido solo a partir del conflicto de 2008, entre las entidades patronales agropecuarias y el gobierno nacional. Para trabajar sobre el período de crisis de la hegemonía desarrollista y la conformación de un nuevo proyecto hegemónico que logra acceder a la presidencia en 2015, es necesario partir de este conflicto como punto de inflexión.

2. El “conflicto del campo”: consolidación hegemónica y construcción de la alternativa liberal-republicana

Como hemos mencionado, es clave el contexto de emergencia de los discursos y la efectividad de las estrategias. En este marco, el “parteaguas” en la política argentina de aquellos años fue claramente el conflicto desatado a partir de la decisión del gobierno nacional de modificar las alícuotas impositivas de los derechos de exportación sobre cereales y oleaginosas, a través de un esquema móvil que se ajustaría en relación con las variaciones de los precios internacionales de estos productos –en particular, de soja, girasol, maíz y trigo–. La Resolución n.^o125 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a cargo de Martín Lousteau, modificó el régimen impositivo a partir del 12 de marzo de 2008. Enmarcada en la tendencia general, al alza pronunciada de los precios de algunos productos agrícolas –en particular, soja y sus derivados–, la preocupación del gobierno pasaba por lograr un impacto menor sobre los precios domésticos de estas subas en los precios internacionales^[6] y, al mismo tiempo, favorecer la apropiación estatal de los ingresos considerados extraordinarios que los productores obtendrían por la dinámica virtuosa de los precios de exportación^[7].

El entonces llamado “conflicto del campo”^[8] mostró que la confrontación que este sector del empresariado pretendía impulsar lograba activar ciertos núcleos del sentido común que permitirían disputar la hegemonía desarrollista tomando como representante de esta al nuevo enunciador privilegiado en la escena política nacional: la fuerza política devenida en kirchnerismo (Retamozo y Muñoz, 2008). Ya en los meses previos al conflicto agrario, hacia fines de 2007 y los primeros meses de 2008, desde los sectores mencionados comenzaron a instalarse algunos macrotemas o sintagmas que ponían en tela de juicio la política económica impulsada por el gobierno nacional, en un marco en el cual la incertidumbre acerca de las limitaciones del patrón de acumulación se tornaban verosímiles para amplios sectores de la población: aceleración inflacionaria, reducción del superávit comercial, desaceleración del crecimiento, incrementos salariales que consideraban desmedidos y costos de la energía^[9] eran algunos de los puntos cruciales. Sintéticamente, este nuevo contexto de enunciación, marcado por las limitaciones en el patrón de acumulación y el recambio presidencial, fue una caja de resonancia para las demandas y discursos críticos, por un lado, y abrió las posibilidades de constitución de un discurso alternativo viable, por otro. Una pregunta clave en este punto es de qué manera este conflicto modificó la lógica política y diluyó –temporalmente al menos– la hegemonía del bloque social conducido por la UIA. Esta pregunta implica, para ser más concretos, comprender a través de qué estrategias las entidades del sector agropecuario y el gran empresariado expresado en la AEA, lograron desplazar del rol de enunciador privilegiado a los sectores industriales y cuáles fueron los nodos interdiscursivos incluidos en dichas estrategias en relación con otros actores colectivos.

Una primera cuestión que vale la pena señalar para responder estos interrogantes es que el conflicto entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional fue eminentemente político (Bonnet, 2012). Esto no significa que los intereses económicos de los actores que participaron en la confrontación no tuvieran peso en la argumentación de las posiciones, sino que la dinámica que adquirió el proceso luego de la decisión del gobierno de establecer el nuevo régimen tributario estuvo marcada por la creación de fronteras discursivas y lógicas binarias, es decir, por discursos adversativos o por prácticas propias de “lo político” (Mouffe, 2007).

Por ello, resulta clave identificar, en segundo lugar, cuáles han sido las posiciones discursivas de los sectores marginados políticamente del bloque hegemónico en torno a la decisión del gobierno en el período más álgido del conflicto –que podemos ubicar entre marzo y julio de 2008–.

Por el lado de los actores colectivos del sector agropecuario, la medida anunciada por el Ministro de Economía provocó un rechazo inmediato, con líneas argumentales similares a las que el sector venía desarrollando meses atrás, ligadas a “lo confiscatorio” de la medida, la falta de incentivo que generaba la decisión a la producción agropecuaria, el desconocimiento del aporte del “campo” al conjunto de la sociedad^[10]. Lo que comienza a consolidarse a partir de este momento es un bloque formado por las cuatro entidades más representativas de los productores agropecuarios que se dio en llamar Mesa de Enlace (ME)^[11]. De esta manera, la modificación en el esquema tributario para las exportaciones del sector permitió a la SRA conducir la unificación de los diferentes actores que representaban intereses heterogéneos dentro de la producción agropecuaria. Los actores subalternos dentro del “bloque agrario”, asumieron esta unidad en pos de lograr una correlación positiva de fuerzas –en un principio en un nivel netamente corporativo– frente al gobierno nacional. El gobierno intentó desacreditar el paro convocado por las entidades agropecuarias en los primeros días de protesta, apuntando a la pérdida de legitimidad de la acción a medida que se notará una escasez de productos en el comercio minorista. Los principales referentes del gobierno nacional caracterizaban que estas organizaciones no poseían un gran peso político en el país y por ello la pérdida de legitimidad del reclamo corporativo sería inexorable^[12]. Esta apreciación fue rápidamente desacreditada por las acciones directas que llevaron adelante los productores agropecuarios desde el 14 de marzo^[13]. A esta altura, los canales de negociación para tramitar una salida del conflicto y el nivel de politización de este se tornaban evidentes^[14].

A partir de ese momento la Mesa de Enlace comenzaría a convertirse en una voz de peso y con el pasar de los meses en un enunciador privilegiado en la política nacional. La ME logró esta nueva posición en el campo político a través de la construcción de una serie de equivalencias explícitas (Balsa, 2011) que le permitía trascender el simple reclamo corporativo y presentar el rechazo a las retenciones como una demanda universal y al “campo” como el sujeto político que encarna los intereses del conjunto de la nación. Estos dos elementos podemos analizarlos en una multiplicidad de discursos; el más representativo sea quizá el acto del 25 de mayo de 2008 en la ciudad de Rosario, que tuvo como principales oradores a los cuatro referentes de la ME (López, 2015). En estos discursos, frente a más de cien mil personas, los diferentes representantes de las entidades agropecuarias destacaron el carácter “universalista” de las demandas. En particular, Luciano Miguens de la SRA afirmaba que “Sin el campo es muy difícil que le vaya bien al gobierno y a todos”^[15]. Así, en este discurso irrumpe una pretensión de universalidad, es decir, una operación retórica: el campo aparece como la parte que representa al todo, a la nación, a los argentinos, al país. Para lograr esto, el hilo argumental que guía el intento de lograr una hegemonía discursiva se basa, como hemos mencionado, en la construcción de una equivalencia: la eliminación de retenciones implica aprovechar una oportunidad histórica para el país. El presupuesto detrás de esta equivalencia es que el “campo” es el motor de la producción en la Argentina y que, solo si al campo le va bien, le va bien al conjunto de la sociedad.

La respuesta del gobierno nacional fue mantener la frontera discursiva en torno a situar a los actores colectivos del “campo” como integrantes de un sector privilegiado en términos económicos, con una impronta corporativa y oligárquica que rechazaba un proceso de redistribución más justa de los ingresos y que a su vez era responsable de un proceso desestabilizador del gobierno^[16]. Consideramos que este fue el momento clave en que la dirigencia agropecuaria modificó su estrategia de confrontación –eminentemente sectorial– en pos de una estrategia hegemónica que se vio coronada en el acto del 25 de mayo. En los primeros días de mayo, en una carta abierta al pueblo argentino publicada por el diario La Nación, la ME expresa con claridad que es un proyecto de país distinto el que proponen y que no es el suyo un reclamo sectorial: “Normalmente se nos denomina representantes del campo, aunque preferimos pensar que con nuestra protesta y con lo que sostenemos, estamos actuando en beneficio de todo el país”^[17]. Por demás elocuente era el cierre de esta carta abierta: “Todos somos el campo. Ponete la escarapela por el país. Ponete la escarapela por el campo”. Esta estrategia retórica, en el marco de una fuerte difusión desde los medios de comunicación de mayor peso, se comenzaba a articular además con un espacio político-partidario opositor a la fuerza política oficial^[18]. Esta estrategia le dio un excelente resultado al sector agropecuario: en julio de 2008, la resolución 125 fue derogada por el Congreso de la Nación con el apoyo decisivo del vicepresidente Julio Cobos.

En definitiva, hasta ahora hemos visto aquí que la SRA logró desplazar desde marzo de 2008 del lugar privilegiado de enunciación a la UIA al interior de las clases dominantes y los actores dominantes con un ideario desarrollista socavando el consenso de ese “modelo” y de la fuerza política que lo instrumentaba a través del aparato estatal.

Por su parte, entre los puntos nodales que permitieron que la estrategia de la SRA y la ME fuera exitosa, al menos en socavar el consenso de un proyecto que, desde su perspectiva, no incluía al sector, encontramos los siguientes: republicanismo, federalismo, democracia y desarrollo. Estos nodos se presentaron, por lo general, más que en coyunturas anteriores, como antagónicos respecto de las políticas del gobierno nacional. Las lógicas binarias que el conflicto instaló en nuestro país permitieron conformar un bloque opositor al gobierno con posiciones por lo general liberal-republicanas o bien conservadoras.

El proyecto hegemónico del “campo” rápidamente se canalizó a través de canales institucionales –partidarios – de cara a las elecciones legislativas de junio de 2009. El mismo logró nuclear a un arco opositor al gobierno, sobre todo a nivel de referentes político-partidarios. Por el lado de otras expresiones del empresariado, fue precisamente el gran empresariado postergado del bloque productivo el que apareció vinculado directamente al proyecto liberal-republicano. AEA fue, en efecto, la expresión clave de un sector que, sin encontrarse estrictamente relacionado al agronegocio (al menos en las actividades principales de las empresas que conforman la entidad), sí encontró una oportunidad para profundizar sus demandas corporativas y, al mismo tiempo, avanzar en la conformación de una fuerza social y política que consolide un nuevo proyecto hegemónico. Las demandas corporativas de diferentes sectores del empresariado, aún del sector productivo, se intensificaron en 2009 en el marco de la crisis mundial y sobre todo luego de las elecciones de junio^[19] .AEA centraba, por un lado, sus demandas en el plano económico-corporativo: la necesaria reducción de costos salariales, una reforma tributaria que reduzca la presión fiscal sobre las empresas y un mayor accesoal crédito. Por otro lado, abonaba a la construcción de una alternativa liberal-republicana que tendía a poner en cuestión la forma en la que el gobierno tramitó el conflicto con el sector agropecuario y apeló a desarrollar un “diálogo entre los argentinos”, enumerando al menos 12 condiciones a través de las cuales este diálogo –necesario para “lograr el desarrollo económico y social”– podía tomar forma^[20].

Resta revisar, en este punto, la actitud asumida desde la Unión Industrial Argentina ante el conflicto por las retenciones a las exportaciones de soja. Hacia 2008 la entidad era presidida por el metalúrgico Juan Carlos Lascurain, integrante de la lista Industriales y dirigente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Argentina.^[21] Representante del sector de medianos empresarios nacionales expresaba, hacia dentro de la organización, la postura más cercana al proyecto desarrollista y su expresión política: el kirchnerismo. Fruto de ello la entidad asumió una postura oscilante que varió de un inicial apoyo a la resolución ministerial firmada por Martín Lousteau hacia una postura intermedia de mediación entre los polos del conflicto (Mesa de Enlace-gobierno), para defender finalmente la necesidad de poner fin al conflicto considerando los reclamos de los dirigentes rurales. Un fragmento de la entrevista ya citada del diario Página/12 a Lascurain resulta más que elocuente como expresión de las tensas disputas que atravesaban a la entidad industrial en aquellos días. Consultado por el grupo que, de acuerdo con el empresario industrial conduce la UIA, Lascurain responde:

(…) la UIA la manejan cinco. Ellos en su momento me apretaron para que la UIA se plegara al paro del campo. Betnaza decía que el Gobierno tenía el boleto picado. Massuh jugó muy bien aquella vez, me apoyó tremendamente y la UIA finalmente no se sumó. Todo eso lo terminé pagando cuando Techint me anuló todas las órdenes de compra y no me dieron más trabajo^[22]

Si bien la UIA mantuvo hasta 2011 una postura de relativo apoyo al modelo económico surgido de las cenizas del neoliberalismo, veremos cómo a partir de este inicial desencuentro con la dirección política del Ejecutivo nacional la entidad, conducida por los sectores más concentrados de la industria local, comenzará un juego ‘A dos puntas’ en vistas a iniciar, en el momento conveniente, un nuevo movimiento en el ya conocido péndulo argentino (O’Donnell, 1977).

Por lo dicho, encontramos en la coyuntura 2008-2009 avances concretos en la construcción de un proyecto hegemónico que lograra disputar la hegemonía del bloque productivo y a la fuerza política que devino en su representante (el kirchnerismo), que comienza a alcanzar mayores niveles de autonomía por esos años. Así, la coyuntura 2008-2009 se encontró signada por una nueva dinámica política en la cual la conflictividad social y las dimensiones económicas generalmente ligadas a esta comenzaron a verse subordinadas a la ubicación política en relación con dos bloques que se presentaban como polos de atracción: el bloque kirchnerista y el bloque opositor. Esta nueva dinámica condujo a que diferentes sectores, tanto de la clase dominante como subalternos, se reubicaran en el espacio político en función de la cercanía/lejanía de los proyectos políticos en disputa. En esta coyuntura no solo tuvieron un lugar importante los proyectos de desarrollo en disputa, sino que se erigieron los bloques mencionados en los polos de atracción de las diferentes posiciones. Las fracturas de las centrales sindicales en relación al apoyo/rechazo del proyecto económico-político oficial, la posición de las entidades agropecuarias –que se habían convertido en un actor de peso desde el conflicto de 2008 y logrando el consenso de varios de los partidos políticos opositores– son los ejemplos más evidentes de este nuevo mapa. A excepción de la AEA, que mostraba una clara estrategia de abonar a la consolidación de una alternativa política liberal-republicana, el resto de las organizaciones empresariales tuvieron posiciones más bien ambiguas. La UIA, debido a sus debates internos no resueltos, retrotrajo su voz a las exigencias sectoriales para menguar el impacto de la crisis mundial en ciernes.

Sintéticamente, en el período 2008-2011 hubo al menos dos movimientos de peso en el escenario económico y político de la Argentina. Por un lado, la fuerza política en la dirección del Estado se erigió como uno de los enunciadores privilegiados de la agenda pública y fue, en buena medida, el actor con mayor iniciativa en el sostenimiento de la hegemonía desarrollista, bajo una nueva clave donde los ribetes nacional-populares adquirieron cierta importancia para generar la polarización del espacio político nacional (López, 2015). Por otro lado, los sectores de la clase dominante que se encontraron desplazados en la construcción de la hegemonía desarrollista desde 2002, pero con un peso significativo en la dinámica de acumulación de capital, comenzaron a plantear una serie de demandas sectoriales que poco a poco dieron carnadura a un proyecto hegemónico alternativo de carácter liberal-republicano. En ese marco, veremos en adelante cómo las posiciones de estos actores que comenzaron a ubicarse como enunciadores privilegiados en el escenario político nacional, tuvieron asidero en plantear algunos de los nuevos nodos interdiscursivos que condujo a que el “péndulo” vuelva a moverse para el lado de los sectores más concentrados de la clase dominante, es decir, articulando un proyecto hegemónico que terminó de consolidar la crisis del proyecto desarrollista en clave nacional-popular.

3. La transición hacia una nueva etapa política: ¿hacia la estabilización de una nueva hegemonía?

Como mencionamos, el llamado “conflicto del campo” volvió a mostrar el peso específico de la SRA y de la AEA como expresiones político-corporativas del gran empresariado local y como articuladores políticos de las iniciativas liberales. En buena medida, luego del 2008, pero sobre todo después del año 2011, ambas entidades van a avanzar en consolidar una alternativa política al kirchnerismo que se había visto inicialmente frustrada. Además, en estos años se presenta un notable deterioro del consenso general acerca de los fundamentos del modelo económico, incluso entre los especialistas (Heredia y Gaillardou, 2017).

Aunque la explicación de la crisis del orden social post-neoliberal posee múltiples dimensiones, aquí solo nos centramos en una de ellas: el desplazamiento de los nodos discursivos a nivel del empresariado hacia posiciones neoliberales o conservadoras, dando cierto crédito a la hipótesis de la lógica pendular de la burguesía industrial argentina.

En este sentido, la posición central de la AEA y la SRA, desde los años posteriores al inicio del segundo mandato de Cristina Fernández, destacaba la necesaria construcción de un consenso republicano para el “desarrollo del país”^[23]. Más aún, un proceso de crecimiento económico y social sostenido dependía crucialmente de este consenso. Esta es la posición que ambas entidades adoptan en cuanto a temas de la agenda política que exceden por lejos sus demandas sectoriales^[24][25].

Así, en cada una de las intervenciones, tanto la AEA como la SRA expresaron su vocación de aportar a un “cambio de etapa”, un “dar vuelta la página” que desde 2014 se puede notar con claridad. Pero es finalmente en 2015 cuando se da la coyuntura en la que estas entidades terminan de apostar por una de las opciones partidarias.

Sin embargo, hasta aquí no hay ningún cambio en las posiciones de estas entidades en relación con su trayectoria histórica. Cabe preguntarnos entonces por qué estos discursos que se instalaron en el polo opositor al gobierno nacional lograron cierta capacidad hegemónica al interior del bloque en el poder. Esto implica, concretamente, explicar cómo se desarrollaron las posiciones del actor representativo que expresó con más claridad la conducción de los años de hegemonía desarrollista: la UIA.

Para responder a este interrogante, incluimos dos aspectos clave. El primero de ellos es que el contexto de enunciación tuvo una nueva metamorfosis ligada a las limitaciones del patrón de acumulación. En este sentido, tanto Schorr y Wainer (2017) como Manzanelli y Basualdo (2017), reconocen la pérdida de la competitividad externa, las tensiones sobre la balanza de pagos y la elevada inflación en un marco de conflicto distributivo como características salientes de los años posteriores a 2008. Podemos fechar el comienzo de esta nueva coyuntura en 2012, pero esta fue adquiriendo mayor radicalidad a partir de enero de 2014. Por estos años, lo que aparecían como tensiones económicas manejables en el marco del patrón de acumulación sin alterar los pilares de la política macroeconómica, fueron expresándose como límites concretos. Las tensiones acumuladas entre 2008-2011 implicaron limitaciones en 2012-2015 en varios aspectos: en la balanza comercial, en la distribución de ingresos progresiva, en la dinámica de las tasas de crecimiento del producto, en la producción energética y en la exacerbación de la fuga de capitales (López y Barrera, 2017). Estos elementos nos permiten al menos plantear que el balance entre economía y política en la determinación del orden social volvió a cambiar a favor de la dimensión económica, dejando atrás los años de hiperpolitización que caracterizó los años inmediatamente posteriores al conflicto agrario.

Es en este marco que incluimos el segundo aspecto de peso para responder al interrogante acerca de cómo la UIA modificó parcialmente su posición y predominó la línea interna de los grandes capitales^[26]. Fue, principalmente, a través de un nuevo consenso empresarial con respecto a las demandas y estrategias para superar estas limitaciones, que el sector desplazado de la escena política durante el período 2002-2008 logra el consenso activo de la UIA en la búsqueda de un cambio en la política macroeconómica y, a su vez, en ciertas cuestiones relacionadas al ideario liberal-republicano.

Es así que el año 2011 constituirá un año bisagra en la dinámica de acumulación de capital también para la UIA. A partir de esa fecha se establece un sub-período dentro de la etapa de hegemonía desarrollista en la cual el crecimiento industrial se estanca, hasta comenzar una etapa francamente recesiva desde 2016. Más allá del plan de “sintonía fina” propuesto por el equipo económico de Cristina Fernández luego del triunfo de 2011, la nota saliente de la nueva coyuntura será, como hemos dicho, un progresivo distanciamiento de la UIA respecto del gobierno nacional, movimiento que acompaña el ya clásico péndulo de la economía argentina de acuerdo con el cual, en las etapas recesivas y luego de una expansión de la industria y una mejora sensible en la distribución de los ingresos, los sectores industriales nacionales grandes (la gran burguesía urbana) tienden a articularse con el bloque del gran capital agropecuario y transnacional (O’Donnell, 1977). Quizá un punto interesante es que, a pesar de que la UIA represente a vastos sectores empresariales pequeños y medianos en los años que estudiamos en este artículo la “alianza defensiva”, que de acuerdo con O’Donnell se desarrollaba en esta fase del ciclo económico entre la pequeña burguesía urbana y las clases populares, la UIA esta vez posee una escasa capacidad de incidencia sobre la dinámica política general. Esto es parte, como veremos más adelante con las declaraciones de Lascurain, de que la conducción de la entidad ha sido crecientemente condicionada por los grandes capitales industriales que la conforman (Arcor y Techint, entre otros).

En este contexto, la superación de los límites económicos que comentamos previamente ponen sobre la mesa una disyuntiva casi inexorable: o los costos de la superación de tales límites los asume el capital en un proceso de radicalización social en clave popular, o bien los asume el conjunto de las clases subalternas en un proceso regresivo.

En esta tensión por la resolución de los límites a la dinámica de acumulación de capital, cabalgan las posiciones de la UIA durante la coyuntura 2012-2015 y oscila entre demandas que podemos caracterizar como estrictamente económico-corporativas, en línea con la idea de ‘sintonía fina’ y otros macrotemas que aparecen como ideológicos.

El macrotema central que tiende a articular la mayor parte de las demandas del sector industrial será la baja competitividad de la industria local como resultado de elevados costos de producción. Vemos que, más que una impugnación completa del “modelo”, lo que aparecen son propuestas de “sintonía fina” que tiendan a resolver la presión sobre los costos industriales y, en definitiva, la baja competitividad diferencial en relación con los sectores agroindustriales y primarios. Así lo reconocía explícitamente Luis Ureta Saenz-Peña, director ejecutivo de Peugeot-Citroën para Argentina, embajador argentino en Francia entre 2008-2010, y miembro del Comité Ejecutivo de la UIA durante la realización de la 17.a conferencia de la entidad: “La política macroeconómica debe tener en cuenta que países como la Argentina están sufriendo tensiones que derivan en un incremento de los costos industriales y en una reducción de la competitividad”.^[27]

Al reconocer que el tema clave para resolver los límites económicos del modo de desarrollo vigente era la estructura de costos, varios de los nodos interdiscursivos que relacionan este sector del empresariado con la AEA y la SRA derivan de esta cuestión. El primero de ellos se refiere a “la cuestión energética”. Hacia 2011, luego de décadas de autoabastecimiento, la Argentina comenzó a vivir una profunda reducción en la producción energética. Esta caída de la producción de energía se explica en parte por el proceso privatizador y la lógica de saqueo que gobernó la extracción de petróleo crudo y gas natural desde la venta de YPF a capitales españoles y, en parte, por la falta de una política activa hacia este sector durante los primeros años de gobierno kirchnerista. El problema clave radicaba en que la creciente demanda de combustibles en el marco de un proceso de crecimiento industrial sostenido (un sector que es intensivo en energía), chocó con una producción menguante debido a la falta de inversión en exploración y la extracción indiscriminada. Ante esta situación, la presidencia de la Nación resolvió reestatizar el 51% de YPF. La UIA apoyó, si bien con algunos reparos, esta política como parte de un plan general de reducción de costos productivos^[28].

Si bien, en este punto, el empresariado industrial nucleado en la UIA se distanció de las posiciones del sector más concentrado en cuanto a que tuvo una mirada más contemplativa sobre las posibilidades de desarrollo del sector energético a partir de esta política (típicamente enmarcada en una orientación desarrollista), a su vez estableció un punto de contacto con el gran empresariado sobre “el respeto a las normas” y “la seguridad jurídica”^[29].

En segundo lugar, el reclamo de la UIA con relación al “problema de la competitividad” atañe a la reducción de los “costos logísticos”, particularmente de aquellos vinculados al transporte de bienes intermedios y finales, que constituyen otra de las variantes clave para atacar la caída de la competitividad internacional y los márgenes de rentabilidad en el de la industria. Al igual que en el caso del acceso a energía barata, este problema es directamente vinculable a la política neoliberal consolidada durante el menemismo, época en la cual el ferrocarril sufrió un marcadísimo retroceso.^[30] José Ignacio de Mendiguren expresaba este punto con toda claridad:

Yo charlé de esto con la presidenta, del tema «la competitividad». Hoy el 10% de la carga trasportada en la Argentina es por tren. Bajar una tonelada de cereal de Salta al puerto cuesta 2 veces más que del puerto a Turquía. ¿Cómo lo arreglás? ¿Devaluando? ¿O mejorando la logística?^[31]

Por último, el costo salarial es último nodo sobre el cual se asientan las articulaciones discursivas del plano económico-corporativo entre la UIA y las demandas del sector que representan la AEA y la SRA. De acuerdo con esto, para sector más liberal al interior de la UIA los costos salariales constituyen un elemento clave pero quizá el más delicado en términos políticos:

Los empresarios están pensando en sus costos de producción -dice Funes de Rioja-. Esto incluye salarios, energía, flete, etcétera. Todo indica que el incremento para el año que viene debería ser muy prudente para preservar la producción y el empleo, pero hay un escenario sindical más abierto y competitivo, mirándose en el espejo de la política.^[32]

En un intento de solucionar este ‘problema’ con cierta “cintura política”, la UIA ha demandado la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias como un mecanismo que permitiría un incremento salarial para la fuerza de trabajo, asumiendo ese costo el erario. ^[33]

Estas posiciones en relación con la estructura de costos se fueron acentuando y ya a mediados de 2014 la entidad marcó una distancia considerable con relación a los análisis oficiales sobre el crecimiento industrial, la creación de empleos, los mercados de exportación y la sustentabilidad del “modelo”^[34].

En el plano político-ideológico, hacia fines de 2013 se produjo la diáspora de dirigentes de la UIA hacia diferentes espacios político-partidarios: desde el acercamiento al PRO y lo que luego fue la Alianza Cambiemos hasta los sectores más derechistas al interior del Frente para la Victoria, pasando por el Frente Renovador^[35]. Esto muestra, en cierta medida, que la situación de crisis de la hegemonía desarrollista se profundizó disolviendo el consenso existente incluso dentro de la UIA, que desde los años de la crisis neoliberal había conducido la transición como articuladores principales.

A esta diáspora, que en definitiva muestra la debilidad estructural del sector industrial ante un retroceso en el plano económico, se contrapone la unidad y el clima festivo con que recibieron el cambio de gobierno las entidades que expresan a los sectores más concentrados del capital transnacional, del agronegocio y de los grandes multimedios. Incluso, buena parte de los empresarios que forman parte de la UIA, pero que son parte de las empresas líderes de sus ramas, se ubicaron en posiciones de mayor cercanía a este bloque que ahora tiene un rol más protagónico en la política nacional.

A sólo un mes de la asunción de Mauricio Macri, los diferentes dirigentes de las empresas más importantes del país se reunieron con un grupo de miembros del nuevo gabinete para comprometerse a

(…) trabajar de manera conjunta con los empresarios y demás sectores, con el objetivo de mejorar el nivel de empleo, potenciar las economías regionales, bajar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los salarios, todos objetivos orientados a lograr que haya pobreza cero y mayor inclusión en el país.^[36]

A esta reunión asistieron los referentes de las diferentes ramas de actividad nucleados en la AEA, pero que tienen, a su vez, representación en otras entidades empresariales: Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone (Construcciones Civiles), Cristiano Rattazzi (FIAT Argentina); Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo Agropecuaria), Federico Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani (Santander Río).

Nos queda pendiente, por supuesto, la pregunta sobre qué capacidad tendrá este sector del bloque en el poder de consolidar un nuevo proyecto hegemónico. Intentaremos responder a este interrogante en próximos trabajos.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo hemos abordado, desde un análisis discursivo, la progresiva reconfiguración del bloque en el poder en la Argentina reciente. Tomando como punto de partida la conformación de un nuevo proyecto hegemónico emergente de la crisis del modelo neoliberal, hemos intentado rastrear la dinámica interna del bloque en el poder entre los años 2002-2015. En particular, hemos podido visualizar, tomando como referencia tres grandes representantes de las fracciones de las clases dominantes locales, cómo a lo largo de la etapa las posiciones discursivas de tales actores fueron variando en forma paulatina y sin la mediación de una fuerte crisis orgánica, acompañando el clásico movimiento pendular de la sociedad argentina.

A partir de la crisis social de 1998-2001, los sectores dominantes argentinos lograron consolidar, con protagonismo de la UIA, un proyecto hegemónico que garantizara en el largo plazo una importante cuota de estabilidad social y de reproducción ampliada del capital. Sin embargo, las propias limitaciones estructurales del modelo post-neoliberal, vinculadas directamente con la inserción dependiente y periférica de nuestra economía en el capitalismo mundial, dieron paso a una rearticulación en el seno del bloque en el poder. El amplio consenso construido bajo el liderazgo político del kirchnerismo permitió que tal proceso se diera en forma paulatina y sin el estallido de una crisis social comparable a aquella que puso fin al proyecto neoliberal. En especial, a partir del llamado ‘conflicto con el campo’, los otros dos importantes referentes de las clases dominantes locales (la SRA y la AEA) comenzaron a tejer pacientemente un proyecto hegemónico alternativo, ideológicamente sostenido en un discurso liberal-republicano, que aprovechó exitosamente la profundización de las limitaciones económicas del modelo post-neoliberal a partir de 2012. Desde esa fecha, la propia UIA comenzó a distanciarse de la expresión política de dicho modelo hasta confluir con las otras entidades en un bloque en el poder rearticulado desde un discurso liberal clásico.

La dirección que asumirá la sociedad argentina a partir del recambio institucional de 2015 iluminará, por otro lado, la gran capacidad hegemónica de las clases dominantes argentinas en su conjunto. Una vez más la superación de las contradicciones sociales serán conducidas por un bloque en el poder reconfigurado, pero conformado por los mismos actores sociales. El golpe asestado a las clases subalternas durante la dictadura cívico-militar de 1976, profundizado durante la década neoliberal, mantiene aún hoy los ‘dados cargados’ a favor de los sectores dominantes. La recuperación de ese terreno perdido será, para las clases subalternas, un arduo desafío de largo plazo.

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Notas