Introducción

En el último medio siglo, tras el fin de la dictadura militar, Brasil no atravesó un proceso real de desarrollo capaz de garantizar una mejora en las condiciones de vida, trabajo y bienestar de la clase trabajadora. Nunca se lograron buena parte de los avances aprobados en la Constitución de 1988, que debía darles a los brasileños una condición mínima de ciudadanía y civilidad. Parte de los logros obtenidos por toda la población, que se fueron introduciendo en la legislación y los derechos de ciudadanía, fueron sistemáticamente atacados por el terrorismo económico difundido, a través de los grandes medios de comunicación, por los intelectuales orgánicos del capital utilizando informaciones falsas o erróneas.

Una de las principales críticas argumentaba la incompetencia, ineficiencia, exceso de tributación y corrupción en los diversos niveles e instituciones estatales. De esa forma, el mensaje consiguió que la mayoría de la población apoyara la implantación de las medidas de política económica y social propuestas por el proyecto neoliberal y el Consenso de Washington. De esta manera, se asistió a un proceso de destrucción del denominado Estado desarrollista, en particular a partir del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC). El gobierno de FHC, de hecho, comenzó antes de ser elegido presidente de la República, cuando participó, como ministro de Hacienda, en la implementación del Plan Real, iniciado en febrero de 1994 y cuyos principales pilares eran las recomendaciones del Consenso de Washington (Marques y Nakatani, 2013). Si bien la inflación quedó controlada, la fragilidad financiera internacional se acrecentó durante ese período.

De hecho, en 1998 estalló una brutal crisis de la deuda y, posteriormente, de todo el Plan Real, debido a la inserción dependiente de Brasil en la división internacional del trabajo y al proceso de financiarización. La salida de esta crisis cambiaria fue resuelta con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que otorgó un préstamo de 41.000 millones de dólares y la suba brutal de la tasa de interés. Esta ayuda exigió, como contrapartida, el cambio en la política económica del Plan Real así como la introducción de un trípode macroeconómico constituido por el régimen de metas de inflación, metas de superávit primario y tipo de cambio flotante. Estos son los fundamentos de la política macroeconómica hasta la actualidad, que determinan las políticas de austeridad que privilegian la circulación y la remuneración del capital portador de interés.

Si bien estas políticas condujeron al país a un período de repunte y al intento de un nuevo desarrollismo, el mismo fue sofocado por el neoliberalismo y la financiarización. De esta forma, el progreso obtenido entre finales del siglo XX e inicios del XXI, fueron y siguen siendo destruidos sistemáticamente por los nuevos proyectos neoliberales que están recibiendo, en el nuevo gobierno, las contribuciones ultraliberales de una parte de los funcionarios más importantes del gobierno.

En este contexto, es importante analizar el golpe de 2016 y el sentido de la llegada de la ultraderecha a la presidencia de la República en 2018.

1. El golpe y el ascenso de la derecha

1.1. El golpe y el comienzo del giro a la derecha

Dilma fue electa para segundo mandato con una diferencia en segunda vuelta de sólo 3,36% frente a Aécio Neves, candidato del Partido de la Social-Democracia Brasileña (PSDB). Era la menor diferencia de todas las elecciones realizadas desde la redemocratización del país. Tras anunciarse el resultado, se sucedieron varias iniciativas con el objetivo de anular el resultado de las elecciones y destituir a la presidenta. Tras rechazarse diversas demandas por el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Diputados fue inundada con 50 peticiones de impeachment de la presidenta. De ellas, 39 fueron archivadas por no cumplir los requisitos formales.

Entre las 11 restantes, el entonces presidente de la Cámara, Eduardo Cunha[1], aceptó una petición basada en un delito fiscal. Aprobada tanto por la Comisión Especial de la Cámara como por la del Senado (abril y mayo de 2016, respectivamente), Dilma fue apartada por 180 días, asumiendo el cargo su vicepresidente, Michel Temer. El final del proceso culminó el 31 de agosto de 2016 con la anulación del mandato de Dilma. Si bien llamaron la atención diversas explicaciones de votos a favor del impeachment, la declaración más impactante fue la del actual presidente, Jair Bolsonaro, que dedicó su voto al coronel Carlos Ustra, ex jefe del órgano estatal de represión de la dictadura, el Centro de Operaciones de Defensa Interna, y uno de los torturadores de Dilma.

Todas esas etapas fueron apoyadas por grandes manifestaciones de la derecha, especialmente en las grandes ciudades. Dichas manifestaciones estaban conformadas principalmente por personas de clase media, alentadas por los grandes medios de comunicación. Fueron una tribuna para expresar el odio al Partido de los Trabajadores (PT), defender posiciones conservadoras en el ámbito de las costumbres y exigir libertad para la adquisición y tenencia de armas por parte de la población, entre otras demandas. Más allá de esto, se realizaron las más diversas acciones para fomentar el impeachment. Se divulgó incluso una conversación telefónica entre Dilma y Lula, filtrada a los medios por el responsable de la operación Lava Jato, el entonces juez Sergio Moro –quien luego asumiría el Ministerio de Justicia en el gobierno de Bolsonaro.

Finalmente, su apartamiento fue justificado por la práctica de retrasos fiscales (“pedaladas”), o sea, por posponer la transferencia de recursos desde el Tesoro Nacional a los bancos estatales responsables de los pagos de fondos públicos. Estas prácticas, sin embargo, se habían utilizado tanto en los gobiernos de FHC como en los de Lula sin que generasen peticiones similares.

Si bien la crisis política abierta desde el inicio paralizó las iniciativas de Dilma, ello no impidió que alcanzara a adoptar medidas de austeridad, como la contención del gasto público, el aumento del tipo de interés de referencia (SELIC) y el incremento de los precios administrados por el Estado, como los de combustibles, luz y gas. Las medidas de austeridad, el ambiente de incertidumbre y el agravamiento de las condiciones externas para la exportación de los productos brasileños llevaron, a fines de 2015, a que el PIB se redujera un 3,5% y el desempleo medio anual llegase al 8,5%. Las medidas de austeridad fueron consideradas por los sectores de la izquierda como una verdadera estafa electoral.

1.2. El gobierno de Temer y la profundización en las políticas de austeridad

Desde que Temer (del Partido Movimiento Democrático Brasileño - PMDB, hoy MDB) asumió la presidencia de la república, el endeudamiento público pasó a ser central en la definición de la política económica. En diciembre de 2016, apenas seis meses tras el envío por el ejecutivo del proyecto de enmienda constitucional, se aprobó el nuevo régimen fiscal que congeló el gasto del gobierno federal durante veinte años (Emenda Constitucional 95). Así, el presupuesto total del gobierno sólo puede crecer al ritmo de la inflación. Llama la atención que los intereses de la deuda pública quedasen excluidos de dicho congelamiento, mientras los gastos sociales sí quedaron sujetos a ella (Marques y Andrade, 2016).

La defensa del presupuesto cero que congeló el gasto era ya explícita en el documento Puente para el futuro, divulgado por el PMDB el 29 de octubre de 2015. Entre otras medidas, se defendía un presupuesto verdadero (sic), o sea, puesto a cero, para lo que había que desvincular los recursos previstos para salud y educación, además de desindexar el mínimo de las pensiones (reforma previsional) y prestaciones asistenciales respecto del salario mínimo. El Puente para el Futuro tenía como objetivo prioritario el pago de los servicios de la deuda pública, pero también la reducción del Estado y la apertura de nuevas oportunidades para el sector privado.

El gobierno Temer será recordado por aprobar una amplia reforma laboral adecuándola plenamente a la reproducción del capitalismo mundializado y financiarizado. Esa reforma modificó 117 artículos y 200 disposiciones de Consolidación de las Leyes del Trabajo. Su objetivo era dar mayor seguridad sobre el costo total de la fuerza de trabajo[2], principalmente para el capital extranjero interesado en participar de los procesos de privatización. Entre otros cambios, se destaca la prevalencia de lo negociado sobre lo legislado y la introducción del denominado trabajo intermitente (Marques y Ugino, 2017).

Mientras tanto, Lula fue detenido el 7 de abril de 2018, a pesar de las declaraciones de juristas consagrados en Brasil y en el mundo, que denuncian las arbitrariedades cometidas por el equipo de fiscales responsables de la denominada operación Lava-Jato y por el juez Sergio Moro. Lula recién recuperó su libertad el 8 de noviembre de 2019.

Desde 2015 hasta mediados de 2019 el país acumuló una caída del PIB de 4,6%. En julio de 2019, la tasa de desempleo alcanzó el 12%, dos veces y media la proporción de 2014, lo que muestra la tragedia vivida por los trabajadores brasileños. Además, por los cambios en la legislación laboral, aumentaron el trabajo precario y la informalidad.

En 2018, el nivel de inversión pública y privada fue el menor en 50 años (15,5% del PIB). En 2019, su nivel será aún menor, en especial por los cortes en la inversión pública en Educación y Medio Ambiente, que serán simplemente paralizadas. En Educación, además de la cancelación de becas, la investigación se ha hecho inviable y no hay recursos siquiera para tareas de limpieza y seguridad en las universidades. La salida de inversiones extranjeras durante los primeros ocho meses de 2019 fue la mayor en 23 años. Esto produjo una corrida cambiaria contra el real, lo que indujo al Banco Central a iniciar una nueva política de intervención en el mercado de divisas (BCB, 2019: 7).

2. Las elecciones de 2018 y la profundización del dominio financiero

2.1. El avance de la extrema derecha

Las elecciones presidenciales de 2018 estuvieron polarizadas entre Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), y Fernando Haddad, del PT. Bolsonaro fue electo en segunda vuelta con el 55,13% de los votos válidos. Considerado un outsider en las altas esferas de las clases dominantes, y hasta ese momento diputado federal y ex capitán del ejército, Bolsonaro centró su campaña en las redes sociales y no participó en ningún debate público con otros candidatos. Se benefició particularmente de la catarata de fake news enviadas desde cuentas robotizadas y financiadas por grandes empresarios, que dirigían sus ataques, en el campo de la moral y las costumbres tradicionales, contra los gobiernos del PT y su candidato. Bolsonaro enalteció la dictadura y el uso de la tortura como forma legítima de combatir al comunismo que, según él, se había hecho cargo del país con los gobiernos de Lula y de Dilma. En la segunda vuelta, todos los partidos y figuras públicas asociadas a las clases dominantes dejaron en claro su oposición al candidato del PT.

Bolsonaro formó su gobierno sin negociar con el resto de los partidos tradicionales de la derecha. Se puede decir que hubo una ruptura en relación con la manera de gobernar que se estableció tras el final de la dictadura militar, pues hasta ese momento se había gobernado con el apoyo de una coalición en la que los intereses de las clases dominantes estaban representados de una manera u otra, incluso durante los gobiernos de Lula y de Dilma. Eso no significa, sin embargo, que las medidas tomadas por el gobierno Bolsonaro no expresen los deseos de esas clases, en particular del gran capital financiero. La ruptura con la tradición de un presidencialismo de coalición es una de las características del nuevo gobierno.

Otra es la de ser el gobierno civil con más militares en el gabinete y cargos de importancia –incluyendo al vicepresidente, general Hamilton Mourão–. Se destaca como novedad, asimismo, el peso que tienen dirigentes vinculados a la iglesia evangélica, incluyendo al propio presidente.

La tercera característica es la presencia de ministros que claramente se posicionan contra la ciencia, contra el derecho a la diversidad sexual, contra los derechos humanos y contra la defensa de las tierras de los pueblos indígenas (Ministerio de las Relaciones Exteriores, Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos). El mismo presidente, en diversas oportunidades, expresó posiciones coincidentes. Debe señalarse que muchas de estas posiciones representan valores e ideas arraigados en la sociedad brasilera.

El hecho que los gobiernos del PT, a pesar de todas sus contradicciones y de su política de colaboración con las clases dominantes, hayan intentado siquiera un ápice de democratización del país, contribuyendo al avance de los derechos, a la disminución de la pobreza y la desigualdad, y al reconocimiento de la diversidad de género, hizo del PT el enemigo incontestable. Este fue uno de los factores que facilitó el ascenso de Bolsonaro (Marques, 2019).

2.2. La retórica, los cambios institucionales y el nuevo Estado

En el plano económico, hubo una continuidad con el gobierno Temer: todos los problemas del país se atribuyeron al tamaño del Estado. Para hacerles frente, el gobierno dio continuidad férrea a la contención de gastos definida en la EC 95, para no incurrir en un déficit primario, lo que implicó disminuir la presencia del Estado en diferentes áreas, principalmente en las sociales, y privatizar lo que fuera posible. Esta posición es defendida en particular por el ministro de Economía, Paulo Guedes, un ultraliberal formado en la Universidad de Chicago. Sin embargo, el desempeño económico del gobierno ha sido malo. El bajo crecimiento del PIB indujo a una caída de la recaudación tributaria, que ha sido atendida con mayores recortes de los gastos públicos.

El Ministerio de Educación ha sido uno de los más castigados. Para agosto de 2019, todas las universidades públicas federales recortaron gastos de limpieza, seguridad, luz, becas de estudios y de investigación. Para septiembre, la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (Capes) había cancelado 11.800 becas de maestría y doctorado. Como contracara, con el proyecto Future-se, el Ministerio de Educación propuso que las universidades y los institutos de investigación obtuvieran una mayor autonomía financiera mediante la captación de recursos propios. Asimismo, el presidente vulneró el acuerdo histórico en la selección de rectores de universidades, desconociendo las prioridades establecidas por las comunidades educativas.

El accionar de Bolsonaro ha ido más lejos, al intentar militarizar la enseñanza básica, por considerar esta la respuesta adecuada para hacer frente a la indisciplina y mejorar el aprendizaje. Este tipo de experiencias no es nueva en el país, pero jamás un presidente de la República había asumido su generalización al territorio nacional. Solo el recorte de recursos ha impedido que se acelerara su implantación.

En relación con las privatizaciones de las empresas estatales, Bolsonaro anunció el 21 de agosto de 2019 un programa para vender nueve empresas estatales. La conducción del proceso de privatización sería responsabilidad del BNDES que pasaría así de ser un banco de desarrollo a un mero administrador de la venta del patrimonio nacional. Para que este programa prospere es necesaria la aprobación del Congreso Nacional, lo que aún no se produjo.

Bolsonaro alcanzó, además, a realizar una reforma del sistema público de jubilación. Según las nuevas reglas, se introduce el criterio de edad para el acceso a la jubilación y se aumenta el número de años de contribución necesario para recibir el valor total de las prestaciones, entre otros cambios.

Su comportamiento en la presidencia eliminó a muchos aliados y simpatizantes, incluidos algunos muy cercanos que lo ayudaron en la campaña presidencial, además, reemplazó a varios ministros. La cantidad de generales que fueron despedidos en estos dos años es impresionante. El diario Folha de São Paulo identificó 16 generales del Ejército, 4 brigadistas de la Fuerza Aérea y 1 almirante de la Armada exonerado (11 de agosto de 2020). Entre ellos, varios asesores que trabajaron directamente con el presidente en el Palacio del Planalto, algunos con cargos ministeriales.

Al parecer, parte de las posiciones del presidente se debe a las investigaciones del asistente de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, que comenzaron en diciembre de 2018 y pueden llegar al propio presidente. Las investigaciones encontraron, además de miles de transacciones sospechosas, depósitos en la cuenta de la esposa del presidente, por parte de Queiroz y su esposa, por el monto de R$ 89.000. Pese a ser investigado por Queiroz, Flávio Bolsonaro logró retrasar el proceso a través de decenas de apelaciones en niveles superiores. El 3 de noviembre de 2020 se entabló una demanda contra Flávio Bolsonaro, Queiroz y otras 15 personas, por fraude, blanqueo de capitales y organización delictiva. Pero, pocos días después, el ministro João Otávio de Noronha, de la Corte Superior de Justicia, pidió vistas sobre el proceso, suspendiendo su continuidad.

El 31 de octubre de 2020, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ya había recibido más de 50 solicitudes de juicio político de Bolsonaro, por diversos motivos, incluidos delitos de responsabilidad, y no dio seguimiento a ninguno de ellos. Aparentemente, las élites brasileñas siguen apoyando al presidente, aunque digan lo contrario en público, que debe cumplir con todo el mandato.

Consideraciones finales

La historia reciente de la lucha de clases en Brasil muestra la complejidad de los procesos históricos de desarrollo de las sociedades con sus idiosincrasias y particularidades. Tras la dictadura militar, el espectro político divisorio entre políticos de derecha y de izquierda fue minimizado. La brutal represión política, policial, militar y la censura, durante la dictadura militar, se caracterizaron justamente por ser una política de derecha. De esta forma, tras el fin de la dictadura la mayoría de los políticos, intelectuales y personas en general evitaban, o hasta temían, ser clasificadas como de derecha. Durante el gobierno de Lula, en particular con la política de conciliación de clases, esa dicotomía fue muy minimizada y muchos políticos preferían aparecer como de izquierda.

En ese período, los políticos, grupos e instituciones de extrema derecha optaron por evitar la exposición pública, quedando relativamente olvidados o apartados de los grandes medios de comunicación. Esto no quiere decir que los órganos e instituciones empresariales no mantuviesen, estimulasen y financiasen a esas personas, grupos e instituciones. Durante ese período se constituyeron y expandieron diferentes formas de organización como el Instituto Mises Brasil y el Instituto Millenium, ultraliberales de extrema derecha, por ejemplo. Todos financiados por grupos empresariales y con vínculos y recursos muy cercanos a grupos e instituciones estadounidenses e incluso a órganos de inteligencia. Así, se formaron y crecieron los grupos de jóvenes intelectuales orgánicos de extrema derecha que se presentaron, con mucho éxito, a las elecciones de 2018. Eso no significa que todos esos jóvenes y nuevos políticos estén totalmente de acuerdo con los disparates del actual presidente, de sus hijos y de varios de sus ministros.

El año 2013, en la estela de las movilizaciones que reivindicaban la reducción de la tarifa de ómnibus, marcó específicamente el regreso a gran escala de la derecha y de la extrema derecha en Brasil. La lucha de clases, que parecía haber sido olvidada o escamoteada, reapareció en la escena principal. En las elecciones de 2018 estos nuevos representantes, diputados y senadores de derecha y de extrema derecha, al Congreso Nacional, contribuyeron a la sólida victoria de los representantes del PSL del presidente de la República. En el sistema Judicial se produjo el debido reposicionamiento de jueces, fiscales, procuradores y hasta de los Ministros del Supremo Tribunal Federal que, supuestamente, deberían ser objetivos o apartidistas. De esta forma, el Estado brasileño se presentó, en su totalidad, como Estado del capital, lo que constituye el desafío que las izquierdas deben enfrentar en el futuro cercano.

Referencias bibliográficas

BCB (2019). Banco Central do Brasil. Comunicado n.° 34.005. Recuperado de: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Comunicado&numero =34005

Emenda Constitucional 95, de 2016. Câmara dos Deputados, Brasil. Recuperado de: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/2016/emendaconstitucional-95-15-dezembro-2016-784029-publicacaooriginal-151558-pl.html

Marques, R. M. (2019). Brasil: direita, volver! Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, (52), 10-39. Recuperado de: http://www.revistasep.org.br/index.php/SEP/issue/view/23

Marques, R. M. y Andrade, P. (2016). Democracia burguesa e dominância do capital portador de juros: apontamentos sobre processos em curso no Brasil. O Olho da História, (24).

Marques, R. M. y Nakatani, P. (2013). El capital fictício y los capitales extranjeros em Brasil. En Estay, J.; Morales, J. y Marques, R. (Coords.). Desarrollo y crisis em el capitalismo (pp. 273-292). Puebla: BUAP; México: UNAM.

Marques, R. M. y Ugino, C. K. (2017). O Brasil é chamado à ordem. Argumentum, 9(3), 8-23.

Notas

Información adicional

Traducción de: Ramiro Fernandez Unsai

revisión de: Diego Guerrero