José Fernandez Alonso
Finanzas sostenibles y deuda soberana: análisis de las trayectorias narrativas...
multilaterales3. Por otra, una mayor sensibilización de diversos agentes del
sistema financiero de las externalidades negativas asociadas a los princi-
pales desafíos socioambientales contemporáneos a escala global: el incre-
mento de la desigualdad, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
entre otros (Fernández Alonso, 2025; MDB Group, 2015; Volz, 2018)). Si bien,
durante los primeros años de este proceso de expansión y profundización
de las finanzas sostenibles, los instrumentos y actores pudieron mayor foco
en el sector corporativo, con el correr del tiempo los inversores comenza-
ron a reportar creciente interés en financiar proyectos públicos orientados a
la sostenibilidad (Lupo-Pasini, 2022; World Bank, 2022). Al compás de este
proceso, los Estados y los actores subnacionales –subsoberanos, conforme
el léxico económico-legal– comenzaron a emitir activos bajo estas rúbricas,
convirtiendo a los mercados sostenibles de deuda soberana en una fuente
remozada de financiamiento para el diseño y ejecución de políticas públicas
(Bolton et al., 2022; Goldsmith-Pinkham et al., 2023).
De acuerdo con Schoenmaker (2017), la racionalidad subyacente en las fi-
nanzas sostenibles radica en que los mercados financieros pueden generar
externalidades positivas cuando los agentes con operatoria en los mismos
complementan un enfoque financiero de corto plazo con otro atento a cri-
terios sociales y ambientales de mayor alcance. En el contexto específico
de las finanzas sostenibles soberanas, Lupo-Pasini (2022) advierte que, al
posicionarse en activos con criterios ASG, los inversores internacionales
pueden aprovechar su rol como proveedores de capital para incentivar a los
prestatarios públicos –sean Estados nacionales o actores subnacionales– a
invertir en proyectos sostenibles o a adoptar políticas más sostenibles. Esta
imbricación de los mercados de deuda soberana con los criterios ASG fue
por cierto promovida –aunque no sin polémica– por múltiples instancias
multilaterales al concebirse como un camino oportuno para escalar el finan-
ciamiento de políticas orientadas al desarrollo sostenible (Berrou et al., 2019;
Cull et al., 2024). A título general, puede mencionarse que buena parte de
esos impulsos se encuadraron en el marco de la denominada iniciativa de
Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) de
Naciones Unidas (MCFeeters, 2016). En lo que respecta al financiamiento
de las acciones adaptación y mitigación del cambio climático en particular,
dicha lógica se encontró auspiciada en la redacción del artículo 2.1.c del AP
como asimismo en los resultados de las negociaciones en torno a la Nueva
Meta Colectiva Cuantificada (NCQG, por sus siglas en inglés) adoptada en la
COP29 en Bakú, entre otras instancias (Bracking & Leffel, 2021; Pauw, 2025).
En conformidad con lo adelantado líneas arriba, resulta importante remar-
car que esta evolución y promoción de las finanzas soberanas sostenibles
no estuvieron –no están– ajenas a la controversia. En este sentido, y en re-
curso de las formulaciones de Thompson (2023), es importante remarcar
que las finanzas sostenibles distan de tener una significación unificada, pu-
diéndose identificar consiguientemente distintas perspectivas –y expecta-
tivas– en torno a ellas. Lejos de presentar una lista acabada de los reparos
formulados desde diferentes actores y posiciones a la idealización o roman-
tización de las finanzas sostenibles como fuente óptima de financiamiento
público, estas líneas se limitan a poner foco sobre aquellas críticas que lla-
man la atención sobre los desafíos –y riesgos– que implica para un emisor
soberano —subsoberano, por extensión– de sujetar sus políticas o acciones
de desarrollo –las climáticas, entre ellas– a las fluctuaciones de los merca-
dos financieros y de agentes con intereses, expectativas y comportamien-
tos cambiantes (Langley, 2020; Archer, 2024; Braun & Christophers, 2024;
Harmes, 2025). Íntimamente vinculados a tales cuestionamientos, se inscri-
ben aquellos otros que remarcan la insensatez e imprudencia de recurrir a
los mercados de deuda para capitalizar políticas vinculadas a la sostenibili-
dad al acrecentar el círculo vicioso crítico construido las crisis derivadas de
(sobre)endeudamiento soberano y las socioambientales (cambio climático,
pérdida de biodiversidad, por ejemplo) (Zenios, 2024; Bolton et al. 2022).
Este artículo procura contribuir a tales trayectorias críticas al abordar las
narrativas y líneas de acción de BlackRock, Inc.4 en tanto la administradora
de activos más gravitante en el mundo5. En términos concretos, el trabajo se
4- A los fines de agilizar la lectura, en el resto del trabajo la firma será mencionada solo como
BlackRock.
5- Con un total de 14 billones de dólares en activos bajo administración (AUM, por sus
siglas en inglés) cifrados en el último trimestre de 2025, BlackRock se posiciona como la
mayor gestora de activos. Por cierto, ponderación que reporta desde el año 2009. A esta
firma, le siguen Vanguard (en segundo lugar desde 2012) y Fidelity Investments (en tercer
lugar, desde 2021) (Monica & Hidayat, 2026). En su último reporte anual ante la Comisión
de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la firma declaró contar
con aproximadamente 24.900 empleados distribuidos en más de 30 países, los cuales
prestan servicio a clientes en más de 100 países de todo el mundo (BlackRock, 2026a). Es
importante notar que BlackRock administra dichos activos bajo una condición de fideico-
miso en nombre de terceros (instituciones financieras, gobiernos y particulares), no es por
tanto, titular de estos recursos. Así pues, la cifra de 14 billones no debe confundirse con el
patrimonio neto corporativo de la entidad, el cual se estima entre 40.000 y 56.000 millo-
nes de dólares según los reportes postreros ante la SEC.
3- Todos estos instrumentos, deviene importante remarcar, se adoptaron en el bienio
2015-2016.
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